PGE 2012 Y CANARIAS

Las consideraciones de carácter general que podemos hacer sobre el proyecto de presupuestos generales del estado para el 2012 aprobados por el Consejo de Ministros el pasado viernes, se resumen en que "no van a favorecer la actividad económica y, por lo tanto, van a contribuir a aumentar el paro y debilitar la cohesión social". Además, para no variar, el gobierno solo lo ha consultado con los empresarios, incumpliendo el precepto legal de hacer lo mismo con los sindicatos. 

Especial relevancia mediática ha tenido la propuesta de regulación fiscal que supone una medida que, más allá de su hipotética eficacia recaudatoria, supone una decisión que cuestiona los valores donde se debe sustentar las políticas fiscales de un estado democrático. Se aplicará un tipo de gravamen muy inferior a la legalidad vigente que en la práctica supondrá una amnistía y una discriminación flagrante para las personas y sociedades que han cumplido con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

Sin embargo, lo que ahora me tiene muy intranquilo y sediento de mayor información para aclararme, es el posible impacto de los PGE en Canarias. Algunas informaciones plantean un impacto negativo de unos 700 millones de euros. En estos cálculos se incluyen la reducción de transferencias para inversiones por un importe total de unos 250 millones de euros (140 millones menos para el convenio de carreteras). También se plantean reducciones de otras transferencias y convenios que afectan a 46 convenios de rehabilitación y reposición de viviendas, políticas de integración de inmigrantes (incluyendo las ayudas a menores inmigrantes), ayudas a dependencias, subvenciones al desplazamiento para actividades deportivas y culturales,...

A las incertidumbres que genera la falta de concreción sobre el impacto real que los ajustes presupuestarios van a tener sobre lo anterior, hay que sumar la polémica sobre si las bonificaciones al transporte de los residentes canarios se va a reducir o no (unos dicen que se reducen en 65 millones y el PP aclara que esa reducción corresponde con el cálculo de disminución real de viajeros y que no va a afectar a las tarifas) y el impacto que puede tener sobre el coste de la energía eléctrica la reducción de 256 millones de subvenciones a los sistemas eléctricos.

En los próximos días, espero que se aclare todo, pero "no me gusta el andar de la perrita". Si se confirma la reducción de 700 millones, estamos a las puertas de una catástrofe para Canarias que deberá tener la respuesta correspondiente para corregir lo que se pueda en la fase de discusión parlamentaria de los presupuestos. Seguimos a la espera...