Ayer el Consejo de Política y Fiscal y Financiera del estado español aprobó unos límites de deuda diferenciados para cada comunidad autónoma que contó con el rechazo generalizado de las que no están gobernadas por el P.P., entre ellas, Canarias.
En el 2013 el límite de deuda que tendrá que afrontar Canarias supondrá otro recorte de 120 millones de euros de los prespuestos autonómicos que se suman a la espectacular reducción de gastos de los últimos años.
El problema es que este objetivo no sólo no tiene en cuenta el que las islas es una de las comunidades menos endeudadas del estado sino que, además, es la peor financiada. Es decir, la que menos transferencias recibe del estado por habitante para financiar los servicios básicos (812 millones menos si recibiera una financiación igual a la media del estado). Estas transferencias se van a reducir en el 2013 y en el 2014 y no hay perspectiva alguna de que el sistema de financiación autonómica se revise a corto plazo.
Con este panorama podría parecer una respuesta adecuada el devolver las transferencias de los servicios básicos (educación, sanidad, justicia) al estado, pero me temo que eso es lo que está buscando la parte más ultra del partido popular que ya se plantea sin disimulo la necesidad de proceder a una recentralización del estado que desemboque en la supresión del estado de las autonomías. Creo que el nacionalismo español es el principal enemigo de la existencia del estado español y no nos debemos prestarnos a hacerle el juego.
Ante todo lo que está pasando, desde Canarias debemos sumarnos a la contestación social y política que está recibiendo el gobierno del estado, dentro de los cauces democráticos pero haciendo uso de todas las posibilidades que tenemos para mostrar nuestro desacuerdo e invalidar las decisiones del gobierno.
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