Parece ser que lo peor está aún por venir con los anunciados ajustes a poner en marcha de inmediato en las comunidades autónomas y los previstos por el gobierno central para el 2013 y el 2014.
Las penurias actuales y la falta de perspectivas de que todo esto sirva para algo en un futuro inmediato, está llevando al desprestigio creciente de lo que, en un sentido amplio, se podría llamar el sistema democrático en el que se incluyen la clase política, las instituciones de la democracia representativa, el estado de las autonomías, las administraciones públicas y los mismos sindicatos junto con otras organizaciones sociales. Todo esto se incluye en una amalgama confusa objeto del rechazo de otra amalgama heterogénea de indignados en el que tiene cabida todo el espectro ideológico existente en el estado español.
No seré yo quien defienda la resignación y la ilegitimidad de los actos de resistencia y rebeldía que cada día más se justifican por las decisiones que está tomando el gobierno central, no avaladas por el programa electoral con el que el partido del gobierno ganó las recientes elecciones generales y dónde lo importante es contar con el refrendo de determinados centros de poder europeos, al margen de lo que opinen los ciudadanos. Sin embargo, tengo la impresión de que algunas propuestas movilizadoras, lejos de desembocar en la utopía de la democracia asamblearia de las plazas públicas, pueden dar lugar a una vuelta de tuerca regresiva que termine en un gobierno de técnicos o, peor aún, en un gobierno cívico militar que nos retrotraiga a tiempos pasados.
Frente a ello, creo que un poco de sentido común nos vendría bien para evitar una involución democrática y el incremento del sufrimiento de los ciudadanos/as. La democracia sólo puede ser real si se dan unos minimos de cohesión social que requiere también, unos niveles mínimos de reparto de la riqueza a través del trabajo y de los servicios públicos. La integración en Europa parecía, hasta ahora, que nos servía para avanzar en estos objetivos. Pero la exigencia de nuevos ajustes que se vinculan a imposiciones de los que mandan en la Unión Europea, pone en peligro lo anterior y empieza a erosionar la construcción europea. Los nuevos ajustes van a suponer una nueva vuelta de tuerca en forma de reducción de las prestaciones de desempleo, ampliación inmediata de la edad de jubilación y reducción de la cuantía de las pensiones, nuevas reducciones de los servicios públicos y el despido de centenares de miles de empleados públicos. El sentido común nos debe llevar a evitar esos nuevos ajustes y a buscar alternativas y aliados que las compartan a nivel europeo.
En Canarias, tenemos que ser conscientes de que dificilmente se aliviarán nuestros males si no se produce este giro en las políticas seguidas hasta ahora en Europa y en España. Pero en este marco y descendiendo a cuestiones más específicas de nuestras islas, creo que hay que hacer todo lo posible para consensuar objetivos comunes en torno a varias cuestiones de especial interés para nosotros:
- La financiación autonómica. Creo que es necesario desvincular este tema de la lucha partidaria para que se pueda conseguir un amplio consenso que permita que Canarias no sea una de las comunidades autónomas con peor financiación.
- El régimen económico y fiscal. Debe ser una herramienta fundamental para compensar nuestra ultraperificidad y los problemas estructurales de nuestra economía, facilitando el mantenimiento y la creación de empleo. El nuevo REF debe estar blindado en nuestro Estatuto de Autonomía sobre la base de que el autogobierno no es un lujo que no nos podemos permitir ahora. Más bien, todo lo contrario, la autonomía debe ser un pilar fundamental de la recuperación económica de las islas y la mejor garantía para el mantenimiento de la cohesión social.
- Un estatus especial en la Unión Europea. Nuestra condición de RUP y la especial incidencia del paro en estas islas deben ser elementos fundamentales para contar con las ayudas necesarias que permitan proteger nuestra producción agrícola e industrial, las ayudas al transporte y que nuestra elevada tasa de paro sea tenida en cuenta en la distribución de los nuevos fondos estructurales y del nuevo fondo para la reactivación de la economía europea.
Estos objetivos comunes deben servir para afianzar otros dos objetivos sobre los que sería deseable articular un amplio consenso:
- El mantenimiento del empleo como requisito previo a la creación de nuevos puestos de trabajo.
- El mantenimiento de los servicios públicos esenciales.
Para conseguir tanto un objetivo como el otro, la actividad económica hay que mantenerla y recuperarla. Para ello es preciso plantearnos otros objetivos tales como:
- Favorecer el acceso al crédito, en la medida de nuestras posibilidades.
- Fomentar el consumo de las producciones canarias.
- Evitar nuevas subidas de los impuestos indirectos, al menos de los de primera necesidad.
- Fomentar una negociación colectiva que priorice el mantenimiento del empleo y la inversión productiva de los beneficios empresariales que se traduzca en una mejora de la competitividad de nuestras empresas y la creación de empleo.
- Trasladar a las administraciones públicas el objetivo anterior, facilitando la negociación entre las partes y evitando hacer uso de las nuevas facilidades para el despido colectivo de los empleados públicos.
Evidentemente, el compartir objetivos comunes no significa que compartamos un mismo modelo de sociedad y una misma manera de responder ante lo que está pasando. El movimiento sindical tiene que confrontar con unas políticas económicas y unas reformas sociales con las que no está de acuerdo, haciendo uso de las herramientas democráticas con las que siempre ha afrontado los conflictos. Pero, hoy como siempre, el acuerdo ha sido la otra cara del conflicto, en la misma moneda de la acción sindical. Por eso, nunca está de más el plantearnos la posibilidad de empezar a hablar de "objetivos comunes" ampliamente compartidos.
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