Ayer estuve en el debate parlamentario de la "Ley de medidas administrativas y fiscales" que ya tuve ocasión de analizar en la aprobación del dictamen correspondiente del Consejo Económico y Social de Canarias.
Nos encontramos, posiblemente, ante una de las leyes mas importantes de esta legislatura. Lamentablemente ha sido tramitada deficientemente y mediante un procedimiento de urgencia que ha impedido contar con el consenso de los agentes económicos y sociales y de otras fuerzas políticas.
Indudablemente, la obligación de ajustar los presupuestos de la Comunidad Autónoma como consecuencias de las decisiones del gobierno central para reducir el déficit público ha puesto al Gobierno de Canarias en una tesitura muy complicada.
Pero, todo parece indicar que no se han tomado las medidas más indicadas puesto que no se ha medido el impacto de las mismas. Segun el P.P., se pueden perder 6.000 puestos de trabajo este año y 15.000 el próximo año. Puede haber una pérdida en el P.I.B. en torno a un 1,2 %.
Nueva Canarias sostenía que esta ley había sido elaborada con una perspectiva de contables más que de gobierno, inspirada en un enfoque erróneo para abordar la crisis que requiere una apuesta decidida por la educación, la inversión productiva y la innovación. Una crisis que hace necesario modificar el sistema fiscal para evitar que los ingresos fiscales se sustente sólo en las rentas del trabajo. Nueva Canarias volvió a insistir en su tesis de que fue un error el acuerdo de financiación autonómica del 2009. Esta formación sostiene que además del evidente maltrato de Canarias en los PGE 2012, hay que reconocer que los Presupuestos Canarios del 2012 fueron elaborados con previsiones infladas respecto a los ingresos, la evolución de la economía y las transferencias del estado.
Comparto la tesis de que se podría asumir una subida moderada del IGIC pero sin tocar el tipo reducido. También hay margen para una mayor subida en los tramos altos del IRPF. En Canarias hay unos 19.000 contribuyentes con ingresos entre 60.000 y 150.000 euros anuales, algo mas de 2.000 entre 150.000 y 600.000 y 113 con ingresos de mas 600.000 euros.
La reducción del 10% del salario de los empleados públicos en los próximos seis meses es una medida que va a tener un impacto negativo y no se puede decir que no va acompañada de reducción del empleo público. De alguna manera, éste se ve afectado a la baja con la congelación de plantilla y la no contratación de interinos. El gobierno pretende ahorrar unos 109 millones de euros con la bajada de salarios y 113 millones con lo que va a suponer esa reducción encubierta del empleo publico. Y ello se produce sin que se haga un esfuerzo realmente ejemplarizante en una gestión austera de todo el gasto público y una mayor beligerancia con el fraude fiscal.
Se proponen algunas medidas de dudosa legalidad constitucional (impuestos sobre depósitos bancarios, impuesto a las superficies comerciales,...) que, además de la inseguridad jurídica que generan, ponen en entredicho la consecución de los objetivos de incrementos de los ingresos para llegar al ajuste de los 800 millones de euros. La vinculación de algunas de estas medidas a un impuesto medioambiental carece del rigor necesario, por lo que hay que apostar, de verdad, por la puesta en marcha de una fiscalidad verde y no utilizarla como excusa para ocultar un afán meramente recaudatorio.
Indudablemente, la obligación de ajustar los presupuestos de la Comunidad Autónoma como consecuencias de las decisiones del gobierno central para reducir el déficit público ha puesto al Gobierno de Canarias en una tesitura muy complicada.
Pero, todo parece indicar que no se han tomado las medidas más indicadas puesto que no se ha medido el impacto de las mismas. Segun el P.P., se pueden perder 6.000 puestos de trabajo este año y 15.000 el próximo año. Puede haber una pérdida en el P.I.B. en torno a un 1,2 %.
Nueva Canarias sostenía que esta ley había sido elaborada con una perspectiva de contables más que de gobierno, inspirada en un enfoque erróneo para abordar la crisis que requiere una apuesta decidida por la educación, la inversión productiva y la innovación. Una crisis que hace necesario modificar el sistema fiscal para evitar que los ingresos fiscales se sustente sólo en las rentas del trabajo. Nueva Canarias volvió a insistir en su tesis de que fue un error el acuerdo de financiación autonómica del 2009. Esta formación sostiene que además del evidente maltrato de Canarias en los PGE 2012, hay que reconocer que los Presupuestos Canarios del 2012 fueron elaborados con previsiones infladas respecto a los ingresos, la evolución de la economía y las transferencias del estado.
Comparto la tesis de que se podría asumir una subida moderada del IGIC pero sin tocar el tipo reducido. También hay margen para una mayor subida en los tramos altos del IRPF. En Canarias hay unos 19.000 contribuyentes con ingresos entre 60.000 y 150.000 euros anuales, algo mas de 2.000 entre 150.000 y 600.000 y 113 con ingresos de mas 600.000 euros.
La reducción del 10% del salario de los empleados públicos en los próximos seis meses es una medida que va a tener un impacto negativo y no se puede decir que no va acompañada de reducción del empleo público. De alguna manera, éste se ve afectado a la baja con la congelación de plantilla y la no contratación de interinos. El gobierno pretende ahorrar unos 109 millones de euros con la bajada de salarios y 113 millones con lo que va a suponer esa reducción encubierta del empleo publico. Y ello se produce sin que se haga un esfuerzo realmente ejemplarizante en una gestión austera de todo el gasto público y una mayor beligerancia con el fraude fiscal.
Se proponen algunas medidas de dudosa legalidad constitucional (impuestos sobre depósitos bancarios, impuesto a las superficies comerciales,...) que, además de la inseguridad jurídica que generan, ponen en entredicho la consecución de los objetivos de incrementos de los ingresos para llegar al ajuste de los 800 millones de euros. La vinculación de algunas de estas medidas a un impuesto medioambiental carece del rigor necesario, por lo que hay que apostar, de verdad, por la puesta en marcha de una fiscalidad verde y no utilizarla como excusa para ocultar un afán meramente recaudatorio.
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