Hoy he asistido al pleno del Consejo Económico y Social de Canarias donde se ha aprobado el dictamen correspondiente al anteproyecto de ley de medidas administrativas y fiscales remitido por el gobierno de Canarias con el fin de llevar a cabo el anunciado ajuste presupuestario de 800 millones de euros.
El dictamen se ha elaborado intentando guardar un difícil equilibrio entre las posiciones de las organizaciones empresariales especialmente beligerantes con los temas
impositivos y las de las organizaciones sindicales que han centrado mayormente sus
críticas en las reducciones salariales de los empleados públicos.
Las
principales conclusiones se han centrado en los siguientes puntos:
- Se trata de una propuesta con un alto grado de improvisación a nivel general y sustentada en escasos elementos analíticos sobre el impacto de estas medidas y el soporte legal de las mismas.
- Falta un informe justificativo de la Consejería de Economía y Hacienda.
- Las fundamentaciones económicas y sociales del anteproyecto son notoriamente insuficientes, especialmente en los aspectos tributarios. En este sentido sería deseable que se acompañase de un informe o memoria sobre los previsibles efectos de la norma sobre el funcionamiento de la libre competencia, la libertad de empresa y el bienestar de los consumidores.
- Se ve la conveniencia de acometer una reforma administrativa del sector público autonómico de gran calado.
- La supresión de órganos deliberantes y consultivos puede parecer precipitado al producirse sin haberse procedido a establecer el marco de participación institucional a través de la Ley correspondiente.
- Los cambios consagrados en la norma o los que anticipa, no deben hacerse al margen de los procesos de negociación correspondiente. En circunstancias como las actuales es cuando más necesario es mantener los cauces de participación y diálogo social.
Próximamente, el texto del dictamen aprobado estará disponible en la web del Consejo Económico y Social de Canarias.
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