Hoy he asistido a la comparencia de la consejera Doña Inés Rojas en el Consejo Económico y Social de Canarias para exponer las principales líneas de actuación que se están llevando a cabo en su departamento.
El presidente del CES, don Fernando Redondo planteó antes del inicio de la intervención de la consejera algunas cuestiones que le interesaba especialmente que se tocaran en la comparecencia: la actividad cultural, la política de viviendas y el sistema canario de atención a las dependencias, manifestando que así mismo sería interesante conocer las próximas iniciativas legislativas que estuviera preparándose en este departamento para tenerlas previstas en la agenda del propio CES.
La consejera dividió su intervención en 4 apartados que se corresponden con los sectores mencionados en el propio nombre de esta consejería:
CULTURA:
La reducción de los presupuestos en cultura se ha centrado fundamentalmente en la subvención de las actividades relacionadas con grandes eventos. El gobierno desde el 2010 no financia ningún macro evento, de acuerdo con la mesa de la cultura.
Las empresas del sector cultural de producción propia si están recibiendo ayudas (mantenimiento de los circuitos en toda Canarias). Hay 25 películas canarias que están rodando en estos momentos por las islas. Hay un estrategia canaria de la cultura que está guiando los planes anuales, realizando un trabajo transversal entre distintas áreas (economía, turismo,...). El sector no puede sostenerse en base a las subvenciones. En el 2014 se presentará la ley de mecenazgo y se creará el consejo canario de la cultura.
Se siguen manteniendo con una reducción importante del presupuesto, actividades relevantes como el festival internacional de mùsica que tiene un interés turístico creciente. Incluso se está trabajando conjuntamente con I+D+i. Se ha creado un equipo de gestión para todo el sector empresarial cultural para presentar proyectos e iniciativas. Se lleva una agenda cultural On Line de toda Canarias.
DEPORTES:
En las actuales circunstancias no se pueden mantener las ayudas al deporte profesional. Los recursos disponibles se tienen que emplear en el deporte de base y el gobierno central tiene que asumir sus oblicaciones. Hay unos 117.000 niños practicando un deporte organizado. El estado no ha presupuestado nada para el mantenimiento del deporte escolar. Esto es un tema muy preocupante lo mismo que la falta de ayudas al transporte del deporte no profesional. El gobierno de Canarias no puede cubrir todo lo que el estado deja de financiar en esta materia, a pesar de que la gente cree que es su responsabilidad.
POLÍTICAS SOCIALES:
Prestaciones sociales básicas:
Estas prestaciones las ofrecen los ayuntamientos con la ayuda del gobierno de Canarias que ha mantenido los presupuestos. Para la atención de la infancia se destinan unos 54 millones. Hay unos 2.500 niños amparados y más de 6.000 en situación de riesgo. El amparo de los niños se está haciendo en casa de otros familiares o familias acogentes, intentando evitar el internamiento en centros (casi que se está consiguiendo el no acoger en los centros a los niños de 0 a 6 años). En los comedores escolares abiertos durante el verano se va a intentar evitar la idea de que son para los niños pobres y evitar su señalización. Hay 70.000 niños en los comedores de los que 37.000 están subvencionados. Hay que vincular la acción a las clases de idiomas y las actividades deportivas. La clase política no ha estado a la altura en el debate de este tema.
Cáritas y otras ONGs siguen recibiendo ayudas del Gobierno de Canarias pero priorizando las destinadas a los comedores sociales y a las casas de acogida. En cualquier caso, se debería resaltar más que Cáritas y otras ONGs operan con fondos públicos con lo que hay que compartir los méritos.
La ley de dependencia:
Choque inicial con la ley estatal con la ley de servicios sociales de Canarias (sistemas contradictorios). En estos momentos se está ya en único sistema y esto ha supuesto muchos cambios y con problemas económicos derivados de una ley sin ficha económica. El nuevo gobierno ha modificado la ley estatal. Ahora es mucho más difícil entrar en el sistema y se han reducido partidas y casi que ha eliminado las prestaciones económicas. La ley dice que se debe financiar el sistema al 50%. El gobierno central ha presupuestado las partidas para atender a los que hay ahora sin prever nuevos usuarios. En el PNR que se acaba de entregar en Bruselas han restado 1.000 millones de euros para dependencias.
En el año 2000, Canarias estaba a la cabeza en la atención a las dependencias. La ley la puso en la cola porque no se contabilizaban las actuaciones del sistema canario en los datos del ministerio. Visto con la perspectiva actual, ha sido un error desmontar el sistema canario para adecuarlo al estatal.
Hay 13.000 plazas en centro de día y residenciales, 15.000 beneficiarios de ayudas a domicilio y 7.000 prestaciones que el gobierno de Canarias garantiza mantener. La situación se está cronificando y en el marco del consejo canario de servicios sociales se está trabajando una estrategia contra la pobreza desde una perspectiva integral.
Se está trabajando ya una nueva Ley de Servicios Sociales delimitando las competencias de las distintas administraciones.
Creada en un momento diferente para un tipo de personas que tienen un derechos y unas obligaciones. Actualmente cubre a unas 5.000 familias (más de 10.000 personas beneficiadas). En estos momentos se ve la conveniencia de cambiar la ley. Tienen que entrar otros colectivos y hacer más ágil la burocracia.
Ante la propuesta de la implantación de la renta básica universal no se manifestó partidaria de la misma porque la "beneficencia no resuelve nada", no hay recursos para ello y sería mejor apostar por los planes de empleo y las prestaciones sociales a cambio de una ayuda.
La ampliación de la P.C.I. tendría como objetivo el ayudar a los 26.000 hogares existentes en Canarias sin ningún tipo de ingresos directos.
VIVIENDA:
Se están centrando los esfuerzos en la rehabilitación de viviendas y barrios. Hay más de 30 convenios en marcha en estos momentos. Se está intentando espaciar más las acciones por las dificultades de cofinanciación de las distintas administraciones.
El otro objetivo es poner las viviendas vacías a disposición de la gente. Las viviendas a disposición de personas con escasos recursos se ofertan con unos alquileres muy bajos (de 2 a 90 euros al mes). Tenemos unas 16.500 viviendas. No se están construyendo más. Hay unas 450 viviendas por adjudicar en estos momentos. También habían unas 500 viviendas para vender que se han reconvertido en alquiler. Se están alquilando con alquileres sociales (de 180 a 350 euros).
En vivienda protegida se ha tomado la iniciativa de la dación en pago para los que la han perdido. Con la modificación de la ley de la vivienda también se va a actuar en la vivienda libre para:
- Si se pierde la vivienda evitar el desalojo de la misma con un alquiler para las personas en emergencia social.
- Poner en valor las viviendas de los banco vacías para que puedan ser puestas en alquiler (registro de viviendas libres).
Esta modificación de la ley de vivienda va a dar lugar a otras modificaciones en las disposiciones de las administraciones locales (IBI, licencias,...) y va a tener el efecto positivo de bajar los alquileres.
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