Ayer se presentaba el informe anual de Canarias del defensor del profesor del sindicato ANPE. Independientemente de que la existencia de una violencia escolar que afecta también al profesorado es una realidad innegable, desde la perspectiva de Izquierda Unida, estos informes del sindicato ANPE están provocando una alarma social sobre la violencia escolar que esta organización política ha denunciado recientemente.
I.U. denuncia la manipulación informativa en la lectura que se está haciendo de los datos suministrados por el denominado defensor del profesor de ANPE a nivel de estado, al constatar que sólo ha atendido al 0,5% del profesorado de la enseñanza no universitaria y, sin embargo, los titulares que aparecen en diversos medios de comunicación dicen, por ejemplo, que "un 28% del profesorado ha sufrido acoso por parte de las familias" o que "un 10% de los docentes dejaría la enseñanza si pudiera".
Concluye esta organización política que el auténtico acoso hacia el profesorado viene de las políticas de recortes educativos impuestos por el ministro Wert y los gobiernos autonómicos y que no se puede convertir a las familias y al alumnado en los principales causantes de la "violencia escolar". Lo mismo pienso.
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