LA RESOLUCIÓN GENERAL APROBADA EN EL IX CONGRESO DE CCOO CANARIAS

RESOLUCIÓN GENERAL APROBADA POR UNANIMIDAD EN EL IX CONGRESO DE CCOO CANARIAS

Hemos celebrado este IX Congreso en un contexto de grave crisis, económica, política y social que aunque resulta innecesario fundamentar con datos si conviene volver a recordar alguno de los mas significativos.

En efecto, casi cuatrocientas mil personas en situación de desempleo, más incluso, si se contabilizan los autónomos y pequeños empresarios condenados al cierre. Una retracción de la demanda interna y del consumo que sin embargo no se corresponde con los valores del Producto Interior Bruto que demuestran que la economía canaria, globalmente considerada no ha entrado en recesión.

Mas de ochenta mil personas sin ningún tipo de prestación económica, los índices de pobreza alcanzando niveles desconocidos desde mas de medio siglo, miles de jóvenes sin empleo ni la cualificación profesional mínima para mantener una expectativa razonable a medio plazo de conseguirlo. Decenas de miles de niños y niñas que tienen en el comedor escolar la única comida del día, miles de personas antes acomodadas que viven de la caridad de organizaciones no gubernamentales.

Personas desahuciadas de sus viviendas, demandantes de atención sanitaria sufriendo tiempos de espera por encima de un año, jóvenes que no pueden afrontar el pago de las nuevas tasas académicas, incremento generalizado de impuestos, tasas, sistemas de copago de prestaciones básicas, en suma un preocupante deterioro de la cohesión social de Canarias y de las herramientas y el capital humano imprescindible para alcanzar la recuperación.

A la vez, todos los gobiernos, todas las instituciones europeas y españolas, incluyendo el gobierno de Canarias, siguen profundizando en una política económica  ultraliberal que no hace mas que agravar los efectos de la crisis y agrandar el foso entre la ciudadanía y las instituciones.

La obsesión dogmática por el control del déficit público es sólo la punta de un iceberg que, en a práctica, se reduce a un sistemático y permanente recorte del gasto público que está destruyendo los avances sociales de los últimos treinta años y que conlleva una disminución aun mayor de los ingresos con lo que paradójicamente los sacrificios que se piden a la ciudadanía, sirven para recortar los servicios y las prestaciones públicas, sirven para desequilibrar gravemente las relaciones laborales, sirven para disminuir los costes laborales en una economía que ya se competía básicamente sobre el margen de esos costes, sirve para producir una recesión económica en toda la Unión Europea que está retrasando la recuperación de la economía mundial pero en ningún caso ha servido para controlar el déficit público que sigue sin control aunque ni de lejos es el principal problema de la economía.

Lo cierto es que resulta imposible mantener un cierto equilibrio en las cuentas públicas con un tercio de la población activa en paro, con un tercio de la actividad económica al margen de la legalidad y con una parte considerable del tejido empresarial viviendo en los límites de la estricta supervivencia día a día. El problema no es el gasto público, el problema son las consecuencias del paro, de la retracción económica, de la caída del consumo y de las políticas económicas que se han seguido sobre los ingresos públicos. Sin crecimiento económico, sin empleo, sin consumo interno y sin cambios radicales en las políticas económicas no habrá recuperación y el déficit público será cada vez mas ingobernable y sus consecuencias mas graves y dolorosas.

Es por tanto imprescindible, cambiar ya y cambiar del todo el rumbo y las prioridades de las económicas tanto en la Unión Europea, como en el estado español como en Canarias. Es preciso volver a poner a las personas en el centro de la atención de la política y de la economía y colocar el crecimiento y el empleo como objetivos centrales de estas políticas.

Ya hace cuatro años que proponíamos un gran acuerdo social, económico y político para afrontar la crisis cuando aún ni los más pesimistas acertaban a medir los efectos que esta iba a producir. Si aquellos acuerdos se hubiesen firmado y cumplido por todas las partes con la misma lealtad y responsabilidad que lo hicimos nosotros podemos afirmar que la situación seria distinta y que gran parte de las medidas que ahora se anuncian bajo rimbombantes títulos como estrategias para el crecimiento estarían en marcha desde hace algunos años.

Con todo, seguimos convencidos de la necesidad del dialogo social como herramienta imprescindible para salir de la crisis, seguimos convencidos de que existe una inmensa mayoría social en la que estamos los trabajadores y las trabajadoras pero también  sectores amplísimos del empresariado, de pequeños ahorradores, estudiantes, autónomos que compartimos objetivamente la necesidad de cambiar el rumbo de la política económica.

En consecuencia el dialogo social, la concertación social, la participación institucional deben estar volcados en el cambio de la prioridad de la política económica desde el actual control del déficit a colocar como objetivo central la generación de actividad económica y de empleo.

Sin dialogo social solo cabe esperar un incremento de la conflictividad laboral y social tal y como está sucediendo ahora mismo mientras leemos esta resolución. El IX Congreso de Comisiones Obreras Canarias manifiesta su apoyo y solidaridad con los colectivos laborales y sociales que en la actualidad mantienen movilizaciones contra los recortes, los despidos y el constante intento de reducir los derechos laborales y sociales.

Para propiciar el dialogo social y el crecimiento económico en el momento actual en el que las restricciones al crédito que se mantienen pese a la ingente cantidad de recursos destinados a reflotar la banca, la inversión pública debe jugar nn papel primordial en la reactivación.

Es imprescindible hacerlo y hacerlo ya. Los márgenes para actuar son estrechos y cuanto mas tiempo esperemos y más tiempo mantengamos las políticas actuales van  a ser todavía más estrechos. Si se sigue propiciando desde las medidas de los gobiernos, las caídas del consumo y la demanda interna, el crecimiento del paro y la disminución de los ingresos es obvio que estaremos reduciendo la capacidad de inversión pública y por tanto la capacidad de recuperación.

Por eso hemos propuesto y seguiremos proponiendo el incumplimiento de los objetivos de déficit marcados por las instituciones europeas. Por sentido de la responsabilidad, porque cuando se comprueba durante tres años que lejos de aportar soluciones las política propuestas solo han servido para deteriorar los servicios públicos, la cohesión social y la calidad de vida de las personas, cuando se llega a la conclusión de que ese camino no solo no conduce a la recuperación sino que ahonda el pozo de la crisis y sus consecuencias, lo sensato, lo responsable es negarse a dar un solo paso mas en esa dirección, cambiar radicalmente el rumbo.

Ese dialogo social del que hablamos debe marcarse por tanto el crecimiento y el empleo como objetivos centrales de la política económica y apoyarse en la inversión pública para despegar la actividad y propiciar la aparición de inversión privada en el medio plazo.

Es por tanto urgente abordar un plan de inversiones públicas en la comunidad autónoma y dentro de los márgenes de actuación recogidos entre sus competencias, que debería dirigirse a:

La renovación de la planta hostelera, de la recualificación de sus profesionales, de la adaptación de los espacios públicos colindantes y de la incorporación de nuevo valor añadido a la oferta turística, incorporando activa y planificadamente aportaciones culturales, paisajísticas, gastronómica a nuestra tradicional oferta turística, basada en el clima y los bajos costes. Este proceso permitiría añadir también valor añadido al sector de la construcción encaminando una parte considerable de la inversión y del capital humano hacía nuevas actividades relacionadas con la rehabilitación y mantenimiento o con la eficiencia energética de las construcciones, en suma recuperar una parte de nuestro sector de construcción en torno a actividades mas sostenibles que las que propiciaron su incontrolable desarrollo en el pasado.

Fomentar la formación profesional inicial y para el empleo, de manera que podamos contar con un proceso permanente de cualificación y readaptación de los trabajadores y trabajadoras que garantice la competitividad exterior de nuestra economía sin destruir el tejido social propio que sigue siendo el pilar donde se sostiene gran parte de la capacidad de nuestras empresas para sobrevivir.

Reforzar la apuesta por un modelo energético sostenible y menos dependiente del exterior que nos permita abaratar los costes de producción de energía eléctrica y destinar el dinero con el que se subvencionan sus costes a otras actividades, incluso al propio desarrollo de energías limpias y no contaminantes.

Se trata de objetivos alcanzables y modestos que parten de la base de poder ser asumidos por todos y en los que todos y todas las ciudadanas de Canarias están objetivamente interesados, objetivos planteados en el corto plazo y que aunque no supondrán por si solos la salida de la crisis si que evitarán al menos en parte seguir profundizando en el deterioro del patrimonio colectivo de la sociedad canaria.

La financiación de estos proyectos debería obtenerse por una triple vía.

Para empezar deberíamos abordar una reforma de la fiscalidad autonómica que revisase la utilidad de las exenciones fiscales vigentes cuya relación con el empleo y con la competividad de nuestras empresas es mas que discutible.

En segundo lugar se debe incrementar la eficiencia en el gasto público, lo cual pese a la machacona insistencia de la patronal y de la derecha política tiene bastante mas que ver con la asignación racional de recursos y competencias entre las distintas administraciones que con los gastos de personal, en el cual mantenemos medias de gasto muy inferiores a los del resto de países de nuestro entorno sociopolítico.

Pero necesariamente una parte de esa inversión deberá basarse en la capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma, que ciertamente no puede convertirse en una puerta abierta al descuido y al derroche pero igual de ciertamente tampoco se puede cerrar hasta el punto de incapacitar a la sociedad para generar nuevos recursos y nuevas oportunidades para abandonar la crisis. Se trata de pactar un margen razonable de déficit público y un camino sensato hacía su reducción, un camino que tiene más relación con la recuperación de la economía y por tanto con los ingresos que con la aplicación sistemática de recortes del gasto público que no hacen mas que agravar los problemas.

Ese gran acuerdo debería incluir medidas para mejorar y extender la protección social de manera que no sólo llegue a la sociedad el mensaje de que nadie será condenado a la exclusión sino que mantengamos también un mínimo de consumo interno que impida que continúe el proceso de destrucción de empleo relacionado con la pequeña y mediana empresa.

En la misma línea se debería abordar un proceso de negociación con la patronal que contemple como abordar el fin de la ultractividad de los convenios colectivos y pot tanto el debilitamiento de la capacidad negociadora de los interlocutores de la negociación colectiva. Se trata no sólo de un asunto de interés vital para el sindicato y para las patronales cuya legitimidad y utilidad se cuestiona con este tipo de medidas, por encima de eso se trata de garantizar una herramienta, el convenio colectivo sectorial, que impide la competencia desleal, la generalización del deterioro de los salarios y las condiciones laborales de miles de personas que siendo a la vez consumidores producirían un nuevo contratiempo en la supervivencia de miles de pequeñas y medianas empresas.

Esta es la resolución del IX congreso de Comisiones Obreras Canarias y la primera tarea de la dirección elegida en el mismo. Fomentar, legitimar, recuperar el dialogo social como instrumento imprescindible para abordar la crisis, pero si para conseguirlo, si para que el resto de los actores se convenzan de su necesidad es preciso la movilización a nadie le quepa la menor duda de que estaremos en la calle contra la imposición unilateral de nuevos recortes, contra presupuestos de instituciones públicas encaminados a reiterar la obsesión por el control del déficit, contra las pretensiones de la patronal de trocear el sector público para llevarse las tajadas rentables.

El servicio público garantiza la igualdad y la justicia social, iguala a las personas en derechos y servicios, y es garante de elementos básicos en la vida de las personas como la sanidad, la educación, la justicia o la seguridad ciudadana.

Los servicios públicos básicos deben ser cubiertos por empleados públicos pues la administración pública debe situar la atención de las necesidades básicas de las personas por encima de la rentabilidad económica, privatizar los servicios públicos es situar la rentabilidad por encima de los derechos y generar las primeras diferencias entre los ciudadanos en función de su nivel de renta o de su status legal como ya se ha visto con las prestaciones sanitarias.

Defender el empleo y los servicios públicos es defender la labor de millones de profesionales que nos sirven a todos y a todas a diario, con unos niveles altos de cualificación profesional y que han acreditado los requisitos exigidos para acceder a ese empleo, pero también es defender el estado de bienestar social, defender servicios y prestaciones de calidad para todos y todas por igual y defender una parte esencial de las herramientas para construir una sociedad mejor.

Hoy mas que nunca renovamos nuestra apuesta por el dialogo social, hoy mas que nunca somos el sindicato de la propuesta y de la mano tendida, pero con la misma serenidad y con la misma firmeza afirmamos también que no habrá ni una sola medida mas en la dirección actual sin que nos encuentre enfrente con toda la capacidad de movilización, con toda la presión laboral y social que seamos capaces de hacer, porque seremos compañeros y compañeras de camino para quienes quieran cambiar de rumbo pero combatiremos sin ambigüedades a quien pretenda seguir profundizando en el deterioro de nuestro modelo social de convivencia.

Canarias 26 de enero de 2013