¡A TRABAJAR!... ¡¡FIRMES!!

Este artículo aparecerá en el Periódico ISLA 21 que se distribuirá en Gran Canaria la próxima semana.

La reforma laboral, aprobada por el gobierno del Partido Popular el pasado 10 de febrero, tiene el objetivo oculto de fomentar una reducción generalizada de los costes salariales para, según dicen, mejorar la competitividad de economía española. En función de ello, la reforma da todo tipo de facilidades a los empresarios para facilitar y abaratar el despido y para aumentar su poder de decisión, acabando con  muchos de los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores y trabajadoras.

La reforma se lleva a cabo por un gobierno que se cree legitimado para imponerla tras las recientes victorias electorales del P.P., en un momento en que  la crisis económica ha dado lugar a que el paro se haya convertido en el principal problema para la gente, lo que facilita que se generen expectativas favorables hacia cualquier medida que se presente relacionada con la creación de empleo y con el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Esta necesidad de “agarrarnos a un clavo ardiendo” es mayor en Canarias dada la situación límite en la que nos encontramos. Efectivamente, en las islas, más de 340.000 personas están en paro, existe un 51% de desempleo juvenil, la tercera parte de la población vive actualmente bajo el umbral de la pobreza con escasos o ningún recurso. Más de un 50% de quienes tienen empleo son trabajadores temporales, sometidos a la inseguridad y permanente entrada y salida del mercado de trabajo. El salario medio de Canarias es un 15,3 % inferior a la media del Estado.

Por eso, los argumentos del gobierno a favor de la reforma laboral pueden encontrar una buena acogida entre nuestra gente, si no somos capaces de desenmascararlos y poner en evidencia las mentiras que hay detrás de los mismos.

Dice el gobierno que esta reforma va a evitar la destrucción de empleo y a favorecer su creación. También dice que va a contribuir a acabar con la precariedad laboral y que es una reforma equilibrada que combina la flexibilidad para las empresas y la seguridad para los trabajadores/as, favoreciendo especialmente a los parados, los jóvenes y los trabajadores autónomos. La presenta como una reforma que moderniza las leyes laborales y nos pone a la altura de la mayor parte de los países europeos.

En la publicidad de algunos cursos para que los empresarios empiecen a hacer uso de la reforma, podemos encontrar de una manera muy resumida el verdadero contenido de la misma (pinchar aquí para ver este folleto).

Frente a los argumentos del gobierno, los que nos oponemos a esta reforma decimos que es una reforma inútil:

• Para mantener y crear empleo. Abaratar el despido en plena crisis disparará aún más el paro, como no ha dejado de admitir el mismo gobierno. La ampliación de las causas del despido objetivo a través de los despidos individuales y de los expedientes de regulación de empleo, extensible ya a todos los empleados públicos “laborales”, va a convertir la indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades en una alternativa más ventajosa frente al despido improcedente.

• Para acabar con la precariedad. No sólo no acaba con la precariedad sino que la agrava con el nuevo contrato para emprendedores que deja la puerta abierta al despido libre y gratuito en la mayor parte de las empresas del estado, las que tienen menos de 50 trabajadores/as. Además, a los menores de treinta años, se les podrá contratar haciendo uso de un contrato para la formación y el aprendizaje modificado, con menos horas de formación y con la posibilidad de encadenarlo hasta seis años que desnaturaliza su condición formativa para convertirse en un contrato cuasi de inserción para jóvenes menores de 30 años.

• Para tener unas relaciones laborales equilibradas. La reforma desequilibra totalmente las relaciones laborales no sólo en lo relativo a las causas y costes del despido y a las garantías judiciales sino en todo lo relativo a la negociación colectiva. Esta reforma va a conducir a los trabajadores a la negociación individual de sus condiciones de trabajo, convirtiendo al convenio de empresa, sea cual sea el número de sus trabajadores como el preferente, sin excepción, respecto al convenio sectorial. Contempla la inaplicabilidad a través del arbitraje obligatorio, poniendo fin a la ultraactividad de los convenios colectivos a los dos años de la terminación de su vigencia. La equiparación de las causas para el descuelgue con las del despido objetivo, va a facilitar a los empresarios el chantaje de que “o recortamos salarios y otras condiciones salariales a través del descuelgue o recurrimos al despido” (objetivo o a través de los expedientes de regulación de empleo).

·        Para afrontar la crisis. La reforma supone una falsa salida para afrontar la crisis y no va a resolver los problemas de la mayor parte de los empresarios. Al incentivar los despidos y una reducción generalizada de los salarios, se va a resentir el mercado interior, al reducirse el poder adquisitivo de la mayor parte de la población, dando lugar a un círculo vicioso que agravará los problemas de casi todos. Esta reforma a largo plazo, nos pone en la dirección contraria a la que necesitamos realmente: una economía que genere mayor valor añadido a través del conocimiento (I+D+i). 

Ante todo esto, la huelga general es inevitable. No es cierto que nada se puede hacer y que el gobierno no va a cambiar nada. En el 2002 decían lo mismo y la huelga general evitó la aplicación de las medidas más regresivas de la reforma laboral de entonces. Frente a esta reforma y al resto de las medidas de ajuste tenemos alternativas viables y razonables.

Esta reforma responde también a presiones de poderes externos que están llevando a Europa al abismo. Por eso, la movilización social frente a estas políticas debe generalizarse a todo el espacio europeo. Esta huelga va a contribuir a ello.

La huelga general trata también de preservar los valores democráticos y la convivencia pacífica. La eliminación de la democracia en las relaciones laborales supone una apuesta decidida por hacer retroceder los valores democráticos a los límites del  territorio donde sólo impera la dictadura. Es una reforma, por tanto, que rompe el modelo de convivencia democrática.

Es una huelga que apela a la dignidad de las personas. Nos podrán quitar las leyes, nos podrán quitar los derechos, pero no nuestra dignidad, no nuestra decisión de luchar, no sólo por nosotros mismos, sino por nuestros hijos, por las generaciones futuras y por los antepasados que con su esfuerzo y sacrificio impusieron los derechos que ahora nos quieren quitar. Ellos supieron hacerlo sin derechos, teniendo en contra todos los poderes represivos de los estados. Ahora, no podemos resignarnos, no podemos quedarnos en nuestras casas o decir que esto no va conmigo.

Por eso, el día 29 todo el mundo está llamado a hacer algo para apoyar la huelga general. Parando en las empresas, yendo a las manifestaciones, dejando de consumir (especialmente energía eléctrica),… Se pueden tomar múltiples iniciativas, podemos hacer “algo”. En tus manos, lo dejo.