La recuperación de la memoria histórica y la reparación de las víctimas del franquismo sigue siendo una asignatura pendiente en la España actual cuando ya casi ha transcurrido un siglo desde el golpe de estado de 1936. Un tema poco tratado hasta ahora y que fue un tabú durante la transición, es la devolución de los bienes incautados durante la guerra y el régimen franquista a los partidarios de la legalidad republicana.
El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos de 2019 establecía al respecto, el compromiso siguiente:
“Auditaremos los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, como la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público”.
Actualmente está en tramitación en el Congreso una nueva Ley de Memoria Histórica que intenta dar un nuevo impulso a este tema pero que, al parecer, no va a restituir plenamente estos bienes incautados a sus legítmos herederos, si ello es a costa de las arcas del estado.
Los bienes incautados se efectuaron mediante la expropiación de fincas rústicas y/o urbanas, el mobiliario de las viviendas, los ajuares domésticos, las obras de arte, los animales de corral, carga y tracción o las cooperativas de casas de obreros. Otra formas de incautación de bienes era a través de las multas a los afectos a la República, las donaciones obligatorias o el depósito del llamado “dinero rojo” en instituciones como ayuntamientos, comandancias militares o entidades bancarias. Se calcula que el franquismo tramitó unos 250.000 expedientes de incautación patrimonial a los enemigos del movimiento. El valor de estas incautaciones es muy difícil de calcular aunque se debe promover todas las investigaciones posibles para llevar a cabo el compromiso de auditarlas.
Para hacer posible lo anterior, el régimen franquista se dotó de diversas herramientas jurídicas tales como el decreto de incautación de las posesiones de las agrupaciones y sindicatos (1936), la creación de las comisiones provinciales de incautación y la comisión central administrativa de bienes incautados (1937), el decreto del Ministerio de Hacienda por el que se prohibía la posesión del llamado dinero rojo y la obligación de depositarlo en distintas instituciones y la joya de la corona: La Ley de Responsabilidades Políticas (1939) que imponía a los derrotados sanciones económicas, además de otras penas accesorias como la inhabilitación laboral o el destierro. El considerado culpable debía pagar aunque hubiera muerto, lo que permitía embargar los bienes a sus herederos.
El caso del abogado, escritor y político republicano Luis Rodríguez Figueroa es paradigmático al respecto. Pese a ser asesinado por los fascistas que hicieron desaparecer su cadáver, fue juzgado en rebeldía y se le impuso una multa de medio millón de pesetas (toda una fortuna para la época).
En el libro “En Rebeldía. Once desaparecidos de La Laguna durante la Guerra Civil en Tenerife” se dice que “otra característica común en el proceso represivo al que fueron sometidos muchos de los biografiados, incluso una vez desaparecidos, fueron los embargos o directamente los saqueos de sus bienes. Estos procedimientos fueron en unos casos respaldados por sentencias judiciales arbitrarias, algunos por el propio descontrol de los acontecimientos durante los primeros meses de convulsión sociopolítica, y en otros casos por verse abocados a vender o a traspasar los bienes por coacciones y multas vinculadas a la propia represión franquista. Ante la ausencia de los investigados, fueron sus familias las que en último término tuvieron que hacer frente a estas penalidades, además de vivir de primera mano los registros en sus casas, las humillaciones personales, las agresiones físicas y psicológicas, y un largo etcétera”.
Las pillerías de las huestes fascistas para recaudar fondos se relatan en el documental “La memoria silenciada. El fogueo de Vallehermoso” donde se cuenta como circulaba una pistola que los falangistas del pueblo gomero de Vallehermoso colocaba en casas de sus vecinos para proceder al correspondiente registro en el que encontraban la misma pistola aunque no denunciaban al pobre vecino si pagaba una contribución a la causa.
De este expolio también se benefició la élite empresarial del franquismo muchos de cuyos herederos siguen actualmente ocupando cargos de responsabilidad en los consejos de administración de muchas empresas españolas, tal como lo relata Antonio Maestre en su libro “Franquismo S.A.”. Intimamente vinculada a esa élite empresarial está la élite política del franquismo. En otro libro, “Los Franco S.A.” se da cuenta de los negocios y el patrimonio acumulado por el dictador y su familia que también tiene que ver con el expolio de los derrotados.
Hablar de memoria histórica no es caer en el revanchismo. La justicia nunca se puede basar en el olvido y una sociedad que vive de espaldas a la justicia está condenada a la esclavitud física y moral.
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