EN DEFENSA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS

Hace unos días, a través de un artículo del Diario de Avisos, saltaba a la opinión pública la posición de la patronal respecto al Consejo Económico y Social de Canarias proponiendo su disolución. Los que formamos parte del mismo, ya éramos conscientes de esta posición y de que se iba a relacionar con una medida de ahorro vinculada a la actual crisis.

El Consejo Económico y Social de Canarias es el príncipal órgano de participación de los agentes sociales y económicos en los procesos de definición de las políticas económicas, sociales y laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias actuando, antes de su expresión normativa, a través de la formulación de dictámenes e informes sobre las materias expresamente indicadas en la Ley constitutiva del Consejo. Se inspira, por tanto, en los principios de participación y de promoción social y económica recogidos en la Constitución Española, principios que también inspiran la actuación de los poderes públicos canarios, según expresa el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Forman parte del mismo 18 consejeros/as en representación de los sindicatos y organizaciones patronales más representativas de las islas, las cámaras de comercio, las organizaciones de consumidores y dos técnicos de reconocido prestigio nombrados por el gobierno de Canarias.

El consejo ha visto reducido su presupuesto en los últimos ejercícios, hasta el punto de que buena parte de su prespuesto se destina al pago de las nóminas de los empleados públicos asignados a esta actividad que, en el caso de que se suprimiera este organismo, tendrán que ser asignados a otras funciones de la administración. Ningún consejero cobra salario o compensación por su trabajo en el consejo, se ha trasladado sus dependencias a un local de la comunidad autónoma para ahorrar el alquiler correspondiente y se está extendiendo la práctica de la celebración de las reuniones de las comisiones y del pleno a través de videoconferencia para ahorrar las dietas correspondientes y los gastos de desplazamiento. El único gasto adicional que tiene asignado una partida específica es el dedicado a la elaboración del informe anual del consejo que es un trabajo que sirve de referencia a instituciones, organizaciones e investigadores interesados en conocer la realidad social y económica de nuestras islas.

El argumento del ahorro de costes no se sostiene mínimamente y creo que lo único que queda al descubierto es que las patronales canarias se apuntan ya, sin disimulos, a la disolución del estado social representado por las instituciones que propician el diálogo y la concertación social. Lo que queda es el trato directo con el poder político para llegar a acuerdos sin testigos incómodos y sin tener que estar perdiendo el tiempo en la búsqueda de consensos. Ya se sabe, la luz y la transparencia es mala para los "negocios"...

Celebro que la consejera de empleo no se haya apuntado a las tesis de la patronal y, desde CCOO Canarias, he de manifestar nuestra voluntad de que el Consejo Económico y Social de Canarias siga funcionando con la máxima austeridad posible en el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas por ley pero si se confirma algún intento de obstaculizar su funcionamiento, seremos partidarios de modificar la normativa que regula el quórum necesario para dar validez a las reuniones de las comisiones de trabajo y del pleno. La "antipolítica" y la reducción a la nada de las instituciones democráticas sólo beneficia a los que quieren seguir haciendo y deshaciendo sin control alguno. Al fin y al cabo, el neoliberalismo se basa en eso: desregulación, descontrol y menos estado...