Soy uno de los firmantes de este manifiesto contrario al anteproyecto de la Ley del Suelo que en estos momentos se está tramitando en el Parlamento de Canarias y que transcribo a continuación:
El Archipiélago canario, un territorio volcánico que ocupa apenas 600.000 has y cuenta con cuatro Parques Nacionales, siete Reservas de la Biosfera, más del 42% de su territorio protegido, un patrimonio histórico-arqueológico único, una cultura territorial de más de 2000 años de antigüedad, casi 20.000 especies vegetales y animales, el 30% de las cuales son exclusivas de las Islas, y un paisaje singular, reclamo de su principal actividad económica, se enfrenta a la especulación y destrucción de su patrimonio.
Durante más de veinte años, desde que asumió las plenas competencias para la ordenación y gestión del territorio, Canarias desarrolló una legislación territorial que buscaba implantar un modelo territorial más cohesionado, próspero y sostenible, para una sociedad y una economía más justas y solidarias. Este proceso culminó con las Directrices de Ordenación, aprobadas por unanimidad por el Parlamento de Canarias.
Sin embargo, tras el estallido de la crisis económico-financiera, el Gobierno de Canarias comenzó a reformular esta legislación a través de leyes parciales, como las de Medidas Urgentes y Armonización, que trataban de desregular lo que anteriormente se protegía. En el momento actual, y con el Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias, intenta un cambio radical de dirección para convertir nuestro territorio en mercancía y nuestro futuro en efímeros negocios especulativos.
Un territorio sostenible
Por eso reclamamos hoy, con más firmeza que nunca, un territorio sostenible para Canarias, basado en sus recursos naturales y culturales como fuente de riqueza endógena. Por eso denunciamos y rechazamos la apuesta neoliberal por reproducir la burbuja inmobiliaria que provocó la crisis y que tanto paro, miseria e injusticia ha generado en la sociedad canaria.
Reclamamos el derecho analizar seriamente los problemas que presenta la gestión del territorio canario tras el crecimiento urbanístico y edificatorio acelerado sufrido entre el final del siglo XX y el comienzo del XXI. El análisis y la búsqueda de soluciones tienen que hacerse de una forma democrática y pausada, aunque sin dilación, con tiempo para fomentar y conseguir la más amplia participación de todos los sectores de la sociedad. Por eso estamos constituyendo esta plataforma, como una herramienta colectiva para facilitar la convergencia y la acción de quienes somos conscientes de que el territorio es nuestro mayor recurso, que pertenece a las generaciones canarias futuras, y que desde esta perspectiva hay que usarlo y conservarlo.
Nos negamos a renunciar a un proyecto de país cohesionado, unido y solidario. Necesitamos que la legislación, la política territorial y la ordenación insular y autonómica contribuyan a la reducción de la creciente desigualdad entre islas, municipios y ciudadanía. Queremos seguir avanzando en el proceso de cambio hacia un desarrollo más sostenible y en la lucha contra el cambio climático. Creemos en un territorio de mayor calidad, más atractivo, mejor conservado, más productivo y menos vulnerable ante las amenazas del calentamiento global.
Sabemos que, para lograrlo, tenemos que impulsar en cada isla sistemas urbanos más equilibrados, que acerquen los servicios a los ciudadanos, faciliten una mayor de calidad de vida y eviten el exceso de movilidad terrestre que caracteriza a nuestro modelo territorial actual. Tenemos que ahorrar suelo, consumiendo menos y reutilizando más y mejor el que ya hemos urbanizado, pero también conservar el patrimonio natural, paisajístico y cultural de nuestras ciudades y campos. Necesitamos ciudades más compactas pero menos congestionadas, más habitables, con mejores servicios y transportes, con mejores y más cercanas zonas verdes, con espacios de mayor calidad, con más posibilidades de desarrollo cívico.
Tenemos que compartir la calidad de vida con los habitantes del medio rural, reforzando los servicios de los núcleos urbanos de tamaño pequeño y mediano, evitando la dispersión y el deterioro tanto del paisaje como del suelo agrario. Reivindicamos un suelo rústico centrado en sus potencialidades y su patrimonio, un suelo agrícola protegido como bien colectivo y fuente básica de nuestra soberanía alimentaria, capaz de generar riqueza y empleo y reducir nuestra actual y casi absoluta dependencia del exterior.
Tenemos la convicción de que una adecuada legislación y política territorial puede contribuir decisivamente a la creación duradera de empleo de calidad, a un desarrollo económico más sostenido, a una sociedad cada vez más justa, a un territorio cada vez más útil, más hermoso y mejor conservado. Y no es ese el modelo de territorio, sociedad y economía que pretende el Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias.
