He sufrido en carne propia alguna situación donde estuvo justificada la creencia de que se me había espiado accediendo a información confidencial de mi cuenta de correo corporativa, en mi época de sindicalista. Además de un delito, esto supone una violación de los derechos humanos al violar la intimidad de una persona. Por eso creo que las prácticas de espionaje y uso ilegal de información confidencial se dan a todos los niveles y con mucha más frecuencia de lo que sospechamos.
No es de sorprender entonces lo que está pasando en estos momentos en España con el llamado caso de Catalangate y su derivación al ámbito del propio gobierno español que pone en el punto de mira al malware israelí pegasus, el cual también está siendo objeto de atención de distintas instituciones europeas al detectarse que ha infectado los teléfonos de políticos, periodistas y otras personas relevantes.
Lo cierto es que en estos momentos hay una auténtica conmoción política en el estado español que pone en peligro la continuidad de un gobierno que necesita el apoyo de los presuntamente espiados (independentistas catalanes y vascos) y que da señales de desconcierto y división interna (no ya entre las dos fuerzas políticas coaligadas sino en el seno de los mismos socialistas). El añadido de que el propio presidente y algunos ministros han sido espiados con pegasus ha complicado aún más la situación.
De momento lo único que sabemos es que la directora del CNI ha reconocido que se ha espiado, con autorización judicial, a políticos catalanes como el actual presidente Pere Aragonés. A falta de más datos verificados, me quedo con la impresión de que las cloacas del estado o los poderes fácticos ocultos enquistados en algunas instituciones, algo tienen que ver con todo esto. Tal como denunció el diario Público en su momento, hay pruebas de la compra ilegal de pegasus por parte de la llamada "policía patriótica" y la existencia de tramas golpistas en el seno del CNI y de otras instituciones del estado que cuentan con el apoyo de una parte de los llamados poderes fácticos es algo perfectamente creíble. Lo malo es que estas tramas ocultas difícilmente podrán conocerse en toda su extensión, pero ante ello no cabe la resignación. Si lo único que va a pasar es que no pase nada y las posibilidades de un próximo gobierno PP-VOX aumentan, vayamos despidiéndonos de lo que queda de un estado de derecho.
